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El reto de la informalidad para México

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En los últimos años el fenómeno de la “informalidad” ha tomado una nueva dimensión en el discurso oficial, no sin un cierto halo triunfalista, en 2013 la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe inició el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC. Este programa tiene tres componentes: a) generación y diseminación de conocimiento en torno las políticas de formalización, b) asistencia técnica a países específicos y c) fortalecimiento de trabajadores y empleadores en formalización. El plan para México en los próximos años es reducir, significativamente, el abominable porcentaje de personas trabajando en (de más de 60%) la informalidad.

Sin embargo, institucionalizar a las personas en edad apta para trabajar involucra más que sólo la promesa de un seguro, vivienda y demás promesas. Éste país tiene una larga tradición de comercio callejero, organizaciones populares desvinculadas de las autoridades y de roces con la autoridad después de años de operar en el olvido.

La dinámica económica de la que hablamos es la del tianguis, una figura ubicua en el continente americano, una forma tradicional de realizar un intercambio de bienes y que, en los últimos años, es una de las únicas formas de sobrevivir ante la falta de empleo. El trabajo implica la interiorización de los significados, socialmente organizados, según contextos específicos y la objetivación de formas simbólicas, expresiones, artefactos, acciones, interacciones, modos de comportamiento, usos y costumbres, que otorgan soporte al sentido de la actividad laboral dentro del conjunto de las relaciones sociales.

Es decir, el trabajo es una elección que consciente o inconscientemente asume un individuo para procurarse un lugar en su comunidad, como miembro productivo y es un reflejo de sus capacidades, de lo que ha podido aprender a lo largo de sus años formativos. Ante las carencias de grupos específicos de la sociedad se percibe que una de las actividades económicas preponderantes es el comercio, una actividad que no involucra un dominio de la técnica o la ciencia para su ejercicio.

Lo material y lo simbólico del proceso de trabajo forman parte de una misma realidad, su separación en dimensiones diferenciadas debe ser entendida, siempre, sólo como una estrategia con fines analíticos. El significado del trabajo, como actividad orientada a hacerse de medios materiales para la sobrevivencia, es difundido en y por distintas instancias de socialización e información como la familia, las amistades, la escuela, la religión, los medios de comunicación, etcétera, atribuyéndosele, además, un sentido de legitimidad incuestionable, a la cual se deben constreñir las prácticas de los sujetos para, por tal vía, ganarse un lugar en las relaciones sociales.

La institucionalización del comercio callejero en un comercio estructurado que paga impuestos y recibe a cambio prestaciones del estado se ve como una gran idea en el papel, sin embargo, en la mente y el corazón de los mexicanos se oculta la desconfianza sustentada en la historia de abandono que ha trazado el estado a lo largo del tiempo. La formalización del empleo requiere de la credibilidad en las instituciones y los agentes del estado al igual que de educación y capacitación.

La ordenación simbólica del trabajo, además de su consideración como actividad que procura medios de satisfacción material, también atiende una serie de valoraciones modeladas culturalmente, tales como la honestidad, el esfuerzo, el sacrificio, el progreso y como medio efectivo para lograr el bienestar, para lograr institucionalizar el comercio callejero es menester empezar por un ejercicio de transparencia, apego al estado de derecho, credibilidad en la propia institucionalidad del estado y sobre todo educación, ya que sólo las personas que disponen de los medios técnicos podrán entender los beneficios de la formalidad.

El reto del estado, en la lucha por la formalidad del empleo, involucra abrir varios frentes simultáneamente para revertir un centenar de años de desconfianza en las instituciones del estado y no será una lucha que se gane en lo que le queda al sexenio, éste deberá ser un plan trazado a varios años, ya que la aceleración o la imposición de multas y sanciones sistemáticas sólo acarreará un mayor descontento social en un clima social ya de por sí deteriorado.

 

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