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Desapariciones forzadas: Y entonces ¿quién tiene la culpa?

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Desapariciones forzadas: Y entonces ¿quién tiene la culpa?

En los últimos 22 meses han desaparecido 9,384 personas, un promedio de 13 desaparecidos al día, lo que se traduce en un desaparecido cada dos horas, aproximadamente, en territorio mexicano según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), sin embargo, éstos son los números oficiales, se calcula que pudieron haber, al menos, dos mil desaparecidos más, que sumados a los desaparecidos durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón sumarían 26,569 casos.

La verdadera tragedia de una desaparición forzada es que no permite espacio para el sosiego y el duelo ya que se trata de una herida abierta, que no sana y que es un constante repositorio del dolor de la pérdida de un ser querido.  Según cifras del RNPED más del 40 por ciento de los desaparecidos son jóvenes de entre 15 y 29 años. Según Human Rights Watch durante la administración del Presidente Calderón, al menos, existen doscientos cincuenta casos dónde estuvieron involucrados agentes de fuerzas de seguridad del Estado.

Los efectos de una desaparición forzada no terminan cuándo la autoridad ha declarado, después de 72 horas, en promedio, a una persona como desaparecida, se trata de una forma presente de intimidación y terror que se cierne sobre una comunidad. La suerte del “levantado” o sustraído a menudo involucra alguna forma de tortura, castigo y/o violencia que desenlaza en la muerte y en deshacerse de un ser humano de formas inimaginables e indignas.

El delito involucra una colección de violaciones a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad y desde los años 80 la Organización de Naciones Unidas constituyó un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, a partir de la escalada mundial de éste delito en regímenes autoritarios en varios países. En 2009 se registró un total de 53,232 casos que involucraban a 79 países, México tenía, hasta ese momento 392 casos sin resolver.

Menos de una década después los casos se apilan sobre las desapariciones sin resolver de los años 60, 70 y 80, como un testimonio de la complacencia, la ineptitud y la negación de una situación de crisis. No fue sino hasta una noche del 26 de Septiembre de 2014 que la mirada del país volvió hacía un fenómeno que sigue siendo una herida abierta que deslegitima al Estado y da veracidad a aquella lapidaria sentencia del “estado fallido”.

Carecemos de cuerpos investigadores competentes y libres de hacer su trabajo y cuando recurrimos a expertos de otras naciones para subsanar nuestras omisiones, nos negamos a aceptar sus opiniones porque “perjudican” la imagen de tal o cual corporación. Existe una crisis de seguridad, el Estado no ha sido capaz de garantizar ningún tipo de seguridad desde hace más de una década, existe una crisis social, que tiene origen y solución en la educación y el esquema anacrónico que pretendemos para ella, existe una crisis social de empleabilidad que se traduce en delincuencia, vagancia, ninismo y está directamente relacionada con el modelo de educación del Estado Mexicano.

No es posible que sigamos prefiriendo voltear al otro lado cuándo el próximo desaparecido puede ser un vecino, un conocido, un ser querido o nosotros mismos. Existen soluciones, existen mecanismos para salvar nuestro proyecto de nación pero ninguno de ellos involucra el encubrimiento, el acomodo de versiones ni la simulación.

Y entonces ¿a quién le cobramos los 26 mil desparecidos en México?

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